La Comunidad tendrá tres meses para responder a los contribuyentes madrileños

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la Ley de Defensa del Contribuyente, una norma que fija por primera vez plazos exigibles a la Hacienda autonómica en su relación con los ciudadanos. El texto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOCM.

Qué impuestos afecta

La ley se aplica a los tributos cedidos que gestiona la Comunidad: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y los tributos sobre el juego. No alcanza, por tanto, a los impuestos municipales como el IBI o la plusvalía, que dependen de cada ayuntamiento.

Plazos y nueva oficina

El cambio más tangible es el plazo: la Administración tributaria regional dispondrá de un máximo de tres meses para contestar las peticiones de los contribuyentes. Además, se crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituye a la figura del Defensor del Contribuyente con más medios técnicos. Tramitará quejas por retrasos indebidos, incidencias en la tramitación electrónica o mal trato, y el órgano señalado tendrá 15 días hábiles para responder.

Consultas vinculantes y ayuda gratuita

Según el texto aprobado, la Administración responderá por escrito y con carácter vinculante a las consultas que le planteen los ciudadanos. También hará gratis la autoliquidación a quien lo pida y acompañará en la presentación y el pago. El contribuyente podrá revisar su expediente sin cita previa a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta tributaria individual donde seguirá sus gestiones en tiempo real.

Lenguaje claro y atención presencial

La norma obliga a emplear un lenguaje comprensible y a revisar periódicamente los formularios, para que nadie necesite un intermediario para entender lo que recibe. Garantiza asimismo atención presencial gratuita, con mención expresa a mayores, personas con discapacidad y quienes están en riesgo de exclusión, de modo que la digitalización no deje fuera a parte de los vecinos.

El texto incorpora además gestos de cortesía institucional: la Administración pedirá disculpas cuando una sentencia firme declare vulnerado un derecho del contribuyente y dará las gracias cuando una inspección concluya sin regularización ni sanción.

Información elaborada a partir de la publicada por Dream Alcalá.