El 96,7% de los concertados de Madrid pide cuota: 1.012 euros de media al año

Casi todos los colegios concertados analizados en la Comunidad de Madrid piden a las familias una aportación económica ligada a la escolarización. La cuantía media es de 1.012 euros al año por alumno, con horquillas que van desde centros que no cobran nada hasta los que solicitan 2.450 euros anuales.

Son datos del XI estudio Radiografía de las cuotas de los centros concertados de la Comunidad de Madrid, referido al curso 2026-2027 y presentado esta semana, según recoge El Diario de Madrid.

Cómo se ha hecho

El informe parte de una muestra de 151 centros sobre un universo de 428 colegios concertados en la región. Los autores emplearon la técnica del cliente misterioso: simularon consultas de familias interesadas en matricular a sus hijos mediante visitas, llamadas y videollamadas. Más del 90% de esas consultas, aseguran, se completó con documentación entregada por los propios colegios.

¿Y si una familia no paga?

Es la pregunta central del estudio. En el 71,2% de los centros consultados, el pago se presenta como condición para acceder al proyecto educativo. Otro 15,1% lo describe como voluntario, pero advierte de que no abonarlo deja al alumno fuera de actividades o contenidos. Solo el 13,7% admite que la aportación es del todo opcional y sin consecuencias.

El informe añade que en el 39% de los centros que cobran no se menciona el carácter voluntario ni aparece en la documentación, y que el 36,3% utiliza conceptos que considera no admitidos por la normativa, como tarifas o proyectos educativos.

Diferencias según la titularidad

Los centros de titularidad mercantil piden una media de 141 euros mensuales, frente a los 68 euros de los que no tienen ánimo de lucro. El perfil con cuotas más bajas —43,28 euros al mes— lo forman sobre todo congregaciones religiosas, fundaciones y asociaciones, y es también el más transparente.

Las entidades que impulsan el estudio mostraron su preocupación por el avance de un modelo concertado de carácter mercantil y reclamaron más transparencia para que la renta familiar no condicione el acceso a enseñanzas sostenidas con fondos públicos. El debate llega en un curso marcado también por la falta de profesorado especialista en centros públicos.